Las mujeres reclaman compromiso internacional ante el incremento de los feminicidios en Centroamérica
Internacional, Mujeres del mundo, Derechos humanos, Violencia de género, Feminicidio, Madrid, Martes 15 de marzo de 2011, por Gloria López
“Los feminicidios son crímenes de lesa humanidad y resultados directos de la desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de un problema regional que se produce en el contexto de discriminación y pobreza que sufre la gran mayoría de las mujeres de Centroamérica”, aseguran las organizaciones firmantes, encabezadas por Colectiva Feminista de El Salvador, Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras y la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) .
En la carta, explican que violencia contra las mujeres tiene como base la estructura de dominación patriarcal que alienta la reproducción de los delitos por razones de género como una forma de coerción infringida al cuerpo político colectivo, a través de los cuerpos individuales de las mujeres.
Así, “los cuerpos de las mujeres son y han sido los campos de batalla de las diferentes modalidades de conflictos armados –convencionales y no convencionales-“, y en el contexto actual de la violencia contra las mujeres en Centroamérica, “nuevos tipos de violencia instrumentalizada a favor de grupos criminales organizados conviven con la forma más conocida y extendida: la violencia en las diferentes etapas y modalidades del ámbito de la pareja”.
Las organizaciones también señalan que actualmente se “se oculta y minimiza la violencia feminicida tras el panorama generalizado de la violencia” y que “la economía criminal” convierte a miles de mujeres, todos los años, en la mercancía de las redes de trata y del mercado de la prostitución.
Por el solo hecho de ser mujeres
En la carta, se hace referencia a la intervención de Rashida Manjoo en unas jornadas desarrolladas en Madrid, en la que declaró que “los hombres matan a las mujeres porque pueden”. Asimismo, las mujeres denuncian que esta situación de inseguridad en la que viven las mujeres se produce ante la debilidad de los Estados, que “son responsables -por acción y por omisión- de la violencia ejercida contra sus cuerpos”. E insisten: por el solo hecho de ser mujeres.
Ante esta realidad, es necesario reforzar “los pronunciamientos y recomendaciones de la ONU, a través de diferentes y reiterados llamados, en los cuales se ha manifestado a favor de establecer políticas de Estado, en los diferentes países de Centroamérica, para tipificar el asesinato de mujeres y niñas como un delito particularmente grave y condenable” afirman las organizaciones.
Además, proponen la creación de unidades especializadas en la investigación y enjuiciamiento de los feminicidios y otras formas de violencia, como las violaciones sexuales y el acoso sexual, la trata y el tráfico de mujeres, que prevalecen en la zona.
También hacen un llamado al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados centroamericanos a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo de 1999 (que no ha sido ratificado por todos los países de la región), y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) de 1994, así como las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otros.
Las cifras de la atrocidad
Según datos del Parlamento Centroamericano (PARLACEN): “Sólo en esos tres países (Honduras, El Salvador y Guatemala) fueron asesinadas el pasado año más de 1.530 mujeres y la nación con más casos fue Guatemala, con 685 muertes violentas”.
En el Salvador, 580 mujeres fueron asesinadas durante el año 2010: el 31 por ciento fueron víctimas menores de 25 años. La mayoría de estas muertes fueron antecedidas de agresiones sexuales, consumadas con arma de fuego; muchas fueron cometidas con extrema crueldad. Algunos cuerpos fueron cercenados y abandonados en la vía pública.
En Honduras, una mujer ha sido asesinada cada día durante los dos primeros meses de 2011. Los feminicidios incrementaron 160 por ciento a raíz del Golpe de Estado. El 80 por ciento de las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego y los femicidios ocurrieron como resultado de crímenes múltiples cometidos sobre los cuerpos de las mujeres. Según las estadísticas de las Unidades de Delitos contra la Vida de las Mujeres, de 944 casos de muertes violentas de mujeres, entre 2008 y 2010, sólo se han obtenido 61 sentencias (6,4 por ciento). Honduras tampoco ha ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW.
En Guatemala, los datos del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), indican que entre 2000 y 2009 murieron de forma violenta 5.027 mujeres. Sólo en 2010 se reportaron 784 asesinatos, 50.000 denuncias anuales por violencia intrafamiliar (CENADOJ) y diez mil violaciones sexuales. El índice de impunidad, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es del 98 por ciento. La discriminación contra las mujeres está presente en las mismas estructuras del Estado, donde están mínimamente representadas en los cargos de decisión: no hay una sola Ministra en el Gabinete del Gobierno, únicamente hay 18 diputadas para un total de 158 diputados; sólo hay una magistrada en la Corte Suprema y una en la Corte de Constitucionalidad. El último censo poblacional, en 2002, indicaba que la población estaba compuesta por el 51.07% de mujeres.
Demandas
Las organizaciones concluyen la carta con una serie de demandas hacia el “principal órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas”, la Asamblea General, donde solicitan que “priorice en la agenda política el debate multilateral sobre la violencia feminicida, sus vías de prevención, sanción y erradicación”.
Además consideran que es necesario “promover sanciones a los países que incumplan con las recomendaciones formuladas para combatir los feminicidos en Centroamérica” y en consonancia con todo lo anterior, establecer “un compromiso real y efectivo de todos los países parte en la Asamblea General, referido a la concesión de protección internacional a las mujeres que huyen de la violencia de género, cuando sea razonable entender la ausencia de seguridad en sus países de origen”.
También solicitan que se exija a los organismos nacionales y regionales, en especial los creados por mandato de la ONU, “la implementación de mecanismos de investigación destinados a reducir la impunidad de la violencia feminicida y la implementación de políticas de Estado a favor de la lucha contra la violencia de género”.
Piden que los órganos subsidiarios de la Asamblea General se sumen de forma activa al tratamiento y abordaje de la violencia feminicida, en especial del Comité contra la Tortura, la Comisión de Derecho Internacional y el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer.
La carta se dirige a los Estados Miembros para que aumenten el apoyo financiero, técnico y logístico a las actividades de adiestramiento destinadas a sensibilizar en materia de género, incluidas las que llevan a cabo los fondos y programas pertinentes, como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El documento incluye demandas específicas dirigidas a las distintas instancias de las naciones unidas: el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia.
Las organizaciones se dirigen de manera especial a ONU Mujer, a través de su directora ejecutiva, Michelle Bachellet. Así, agradecen la creación de esta entidad “fruto de años de negociaciones entre los Estados miembros y el movimiento global de mujeres”, y le piden que aborde como una prioridad “impostergable” la lucha contra los feminicidios en Centroamérica y a fortalecer y unificar el trabajo de Naciones Unidas en ese campo.
Continúan demandando a la institución que representa Bachellet que “vele por el cumplimiento de los mandatos de su creación”, fomentando y fortaleciendo la participación y el liderazgo de las mujeres y la lucha por el fin a la violencia de género, así como trabajando para la mejora de la situación económica y en abogar por hacer de la igualdad entre los géneros una prioridad para los gobiernos.
Fotos archivo AmecoPress
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Pie de foto: 1) Imagen de Mindi Rodas en un vídeo filamdo antes de ser asesinada en Guatemala; 2) Miguel Lorente y Rashida Manjoo en las jornadas ’Feminicidio: el fin de la impunidad’
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