Memoria históricaEl PCE se suma a la querella argentina contra los crímenes del franquismo EL
PCE ha remitido una relación de más de 30.000 personas represaliadas
por el franquismo, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente o por
condenas puestas por consejos de guerra sumarios.
El Partido Comunista de España (PCE) se ha
personado como parte querellante en la causa judicial que se sigue en la
República Argentina para determinar responsabilidades penales por los
crímenes de genocidio y lesa humanidad perpetrados en España por el
régimen franquista. Este proceso penal fue iniciado por víctimas del
franquismo a consecuencia de la inactividad judicial, y por tanto
impunidad, en que han quedado estos crímenes en España, tras la decisión
del Tribunal Supremo de paralizar cualquier investigación judicial que
se siguiera sobre estos hechos criminales en los juzgados españoles,
alegando para ello el lamentable y alegal argumento de que la Ley de
Amnistía otorgada por el Parlamento en 1978 respecto a los delitos
políticos tipificados y perseguidos por Franco, también habría tenido el
efecto de amnistiar los delitos contra la humanidad cometidos por el
régimen franquista. El Tribunal Supremo obviaba así tanto el concreto
contenido de la Ley de Amnistía –que en absoluto establece entre los
delitos políticos amnistiables los crímenes cometidos por el
franquismo, delitos que nunca habrían sido políticos- como la
legislación y jurisprudencia interna e internacional que proscriben y
hace jurídicamente inviable cualquier amnistía o indulto respecto a
crímenes internacionales como son el genocidio y el delito de lesa
humanidad.
El pasado mes de mayo de 2013 el PCE procedió a designar el equipo de abogados que ejercerá su representación en la causa, equipo integrado por los abogados de la Liga Argentina de Derechos Humanos que ya son parte de la causa, y que estará coordinado por el abogado penalista argentino y defensor de los derechos humanos Doctor Héctor Masquelet, sobrino nieto de Carlos Masquelet Lacaci, general del Ejercito de la II República, quien fuera Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, elegido por Azaña y Ministro de Guerra en los gobiernos de este último, militar que una vez iniciada la Guerra Civil Española tuvo una destacada participación en la fortificación de Madrid, desempeñándose posteriormente, tras alcanzar edad de retiro, como jefe de la Comisión de Fortificaciones del Ejercito republicano hasta el final del conflicto.
EL PCE ha procedido a remitir una relación de más de 30.000 personas represaliadas por el régimen franquista, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente o a consecuencia de condenas puestas por consejos de guerra sumarios en su inmensa mayoría, pero también represaliados internados en centros de reclusión y campos de trabajo. Ya remitió una relación de diecinueve gobernadores civiles y doce diputados del Frente Popular, pertenecientes muchos de ellos a Izquierda Republicana –partido integrante de Izquierda Unida-, ejecutados en los días inmediatamente posteriores al golpe de estado franquista.
Tras efectuarse la personación en la causa penal, el Archivo Histórico del PCE ha comenzado una tarea de investigación y recopilación de datos personales de militantes del Partido que fueron encarcelados, torturados o represaliados durante el franquismo con especial atención a los casos más recientes, con la intención de procurar identificar igualmente a victimarios y represores que aún puedan comparecer ante los tribunales para dar cuenta de sus crímenes. Animamos a los distintos comités del Partido y a todos aquellos que puedan y deseen aportar datos de familiares, camaradas o conocidos que hubieren sido represaliados durante la dictadura, a que hagan llegar la información de que disponen al Comité Federal del PCE, con el fin de incorporar dicha información en forma de acusaciones en la causa judicial que se sigue en el país hermano.
Desde las Secretarías de Movimiento Republicano y Memoria Histórica y de Derechos Humanos y Libertades del PCE, se viene coordinando la actividad relativa a esta querella, tanto en su vertiente de atención al proceso penal seguido en Argentina, como respecto al necesario apoyo político, social e institucional que la querella argentina debe recabar en nuestro país, apoyo cuyo ejemplo más reciente ha sido la aprobación por el Parlamento Vasco de una moción de apoyo a la causa tramitada en Argentina, acuerdo que contó con el voto favorable de todas las fuerzas políticas vascas salvo el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia (UPD), partidos que siguen sin encontrar motivos para condenar al franquismo.
También el Grupo Parlamentario de IU en la Junta General (Parlamento) de Asturias acaba de presentar una propuesta para que este órgano legislativo apruebe en septiembre una moción de apoyo al proceso judicial seguido en Argentina.
El PCE reitera su apoyo irrestricto a todas aquellas plataformas de recuperación de la Memoria Histórica y de lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, que vienen trabajando tanto para acabar con esta lacra en nuestro país como para conseguir que la causa iniciada ante los tribunales argentinos llegue a juzgar a los represores franquistas: Máxime siendo consciente de las distintas maniobras que viene realizando el Gobierno del Partido Popular, pareciera que con el apoyo activo de Felipe González, para impedir la colaboración judicial española con este procedimiento penal así como para impedir también la normal actividad de la justicia argentina respecto a la toma de declaraciones de testigos y víctimas españolas para ser incorporadas a la causa. Solo así puede entenderse la reciente oposición del Ministerio de Asuntos Exteriores español a que en la embajada de Argentina en Madrid se tomaran, mediante videoconferencia y con presencia de funcionarios judiciales argentinos, decenas de declaraciones de víctimas a las que la justicia española les niega el derecho a acceder a la verdad, la justicia y la reparación por estos gravísimos crímenes. Para nuestra vergüenza, España sigue siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con más ejecutados extrajudicialmente aún en fosas comunes que las autoridades no quieren exhumar.
El pasado mes de mayo de 2013 el PCE procedió a designar el equipo de abogados que ejercerá su representación en la causa, equipo integrado por los abogados de la Liga Argentina de Derechos Humanos que ya son parte de la causa, y que estará coordinado por el abogado penalista argentino y defensor de los derechos humanos Doctor Héctor Masquelet, sobrino nieto de Carlos Masquelet Lacaci, general del Ejercito de la II República, quien fuera Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, elegido por Azaña y Ministro de Guerra en los gobiernos de este último, militar que una vez iniciada la Guerra Civil Española tuvo una destacada participación en la fortificación de Madrid, desempeñándose posteriormente, tras alcanzar edad de retiro, como jefe de la Comisión de Fortificaciones del Ejercito republicano hasta el final del conflicto.
EL PCE ha procedido a remitir una relación de más de 30.000 personas represaliadas por el régimen franquista, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente o a consecuencia de condenas puestas por consejos de guerra sumarios en su inmensa mayoría, pero también represaliados internados en centros de reclusión y campos de trabajo. Ya remitió una relación de diecinueve gobernadores civiles y doce diputados del Frente Popular, pertenecientes muchos de ellos a Izquierda Republicana –partido integrante de Izquierda Unida-, ejecutados en los días inmediatamente posteriores al golpe de estado franquista.
Tras efectuarse la personación en la causa penal, el Archivo Histórico del PCE ha comenzado una tarea de investigación y recopilación de datos personales de militantes del Partido que fueron encarcelados, torturados o represaliados durante el franquismo con especial atención a los casos más recientes, con la intención de procurar identificar igualmente a victimarios y represores que aún puedan comparecer ante los tribunales para dar cuenta de sus crímenes. Animamos a los distintos comités del Partido y a todos aquellos que puedan y deseen aportar datos de familiares, camaradas o conocidos que hubieren sido represaliados durante la dictadura, a que hagan llegar la información de que disponen al Comité Federal del PCE, con el fin de incorporar dicha información en forma de acusaciones en la causa judicial que se sigue en el país hermano.
Desde las Secretarías de Movimiento Republicano y Memoria Histórica y de Derechos Humanos y Libertades del PCE, se viene coordinando la actividad relativa a esta querella, tanto en su vertiente de atención al proceso penal seguido en Argentina, como respecto al necesario apoyo político, social e institucional que la querella argentina debe recabar en nuestro país, apoyo cuyo ejemplo más reciente ha sido la aprobación por el Parlamento Vasco de una moción de apoyo a la causa tramitada en Argentina, acuerdo que contó con el voto favorable de todas las fuerzas políticas vascas salvo el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia (UPD), partidos que siguen sin encontrar motivos para condenar al franquismo.
También el Grupo Parlamentario de IU en la Junta General (Parlamento) de Asturias acaba de presentar una propuesta para que este órgano legislativo apruebe en septiembre una moción de apoyo al proceso judicial seguido en Argentina.
El PCE reitera su apoyo irrestricto a todas aquellas plataformas de recuperación de la Memoria Histórica y de lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, que vienen trabajando tanto para acabar con esta lacra en nuestro país como para conseguir que la causa iniciada ante los tribunales argentinos llegue a juzgar a los represores franquistas: Máxime siendo consciente de las distintas maniobras que viene realizando el Gobierno del Partido Popular, pareciera que con el apoyo activo de Felipe González, para impedir la colaboración judicial española con este procedimiento penal así como para impedir también la normal actividad de la justicia argentina respecto a la toma de declaraciones de testigos y víctimas españolas para ser incorporadas a la causa. Solo así puede entenderse la reciente oposición del Ministerio de Asuntos Exteriores español a que en la embajada de Argentina en Madrid se tomaran, mediante videoconferencia y con presencia de funcionarios judiciales argentinos, decenas de declaraciones de víctimas a las que la justicia española les niega el derecho a acceder a la verdad, la justicia y la reparación por estos gravísimos crímenes. Para nuestra vergüenza, España sigue siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con más ejecutados extrajudicialmente aún en fosas comunes que las autoridades no quieren exhumar.
Publicado en el Nº 262-263 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2013
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