La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos pide a España la derogación de la ley de amnistía de 1977
La oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido este viernes
a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple
la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.
El portavoz de Pillay, Rupert
Colville, ha descartado comentar la sentencia que inhabilita al juez Baltasar
Garzón por ordenar escuchas telefónicas en la investigación de la trama de
corrupción Gürtel, pero ha recordado las otras dos causas abiertas sobre
el magistrado y, en alusión a la relativa a los crímenes del franquismo,
ha defendido este tipo de pesquisas.
"España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las
graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el
régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía
están vivos", ha afirmado Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra. Además,
según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las
víctimas, que tienen "derecho de
reparación".
Colville ha recordado que, conforme
a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de
amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de Derechos
Humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la
organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Político, ratificado por España en 1985.
Juicio a Garzón
Colville ha asegurado, en alusión a
Garzón, que "los jueces no deberían
ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo", habida
cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los
estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía "para graves crímenes
internacionales". La norma puesta en cuestión "podría violar el principio de independencia judicial".
En declaraciones recogidas por
Reuters, el portavoz de Pillay ha comparado el caso español con el de otros
países y ha subrayado que debería aplicarse "el
mismo principio" que la ONU ya ha expresado para lugares como Yemen o
Haití, donde también han defendido el procesamiento de autoridades responsables
de violaciones de Derechos Humanos.
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