El Internacional Business Times encabezaba con la frase “La familia real española implicada en escándalo de fraude” el viernes pasado, y el lunes, día 12, el The New York Times trataba también el tema encabezado por la frase “La familia real española salpicada por escándalo de fraude”. Unos días antes, el 6 de diciembre, Le Figaro afirmaba “Juan Carlos afectado por negocios sucios de su yerno”.
El listado podría seguir, sin grandes novedades de contenido. Lo que queda evidente es que buena parte del mundo se ha hecho eco de las actuaciones presuntamente delictivas de un miembro de la familia real española, y del deterioro del prestigio popular de la institución monárquica que ello supone. No es pecata minuta. Y no es pecata minuta por varias razones que trataré, con brevedad, de resumir.
La familia real no es una familia cualquiera, es una institución que, supuestamente, representa a los españoles. Mientras que en cualquier otra familia se podrían considerar los devaneos “irregulares” o delictivos de alguno de sus miembros (las tradicionales “ovejas negras”) incluso dentro de cierta norma general, en la familia real, que ha sido impuesta a los ciudadanos como institución incuestionada e incuestionable, y que es financiada y sufragada con dineros públicos, esas posibles irregularidades desprestigian a todo el conjunto familiar y, por lógica, afecta directamente al objeto que supuestamente representa, es decir, a la ciudadanía.
La esencia ideológica de la monarquía radica en una supuesta superioridad de una determinada familia que goza, sin base democrática alguna, de una ingente cantidad de beneficios de los que ningún otro ciudadano puede disfrutar. Esa supuesta superioridad genética, que para muchos es una absurda y falaz herencia de tiempos oscurantistas y medievales, se desploma por su propio peso cuando alguno de sus miembros vulnera los principios más básicos de decencia y honradez.
No hablamos, por otra parte, de asuntos pertenecientes a la privacidad de las personas, reales o no reales, sino que se trata de supuestas apropiaciones de dinero público, es decir, de recursos destinados a la ciudadanía. Y cuesta creer que una persona que se beneficia enormemente de los privilegios monárquicos se dedique, presuntamente, a alinearse con las tendencias corruptas que laurean las actuaciones de los políticos neoliberales (PP), cobre comisiones fraudulentas, y se apropie del dinero de todos con el que tan alegremente trapichean los corruptos.
En este país se lleva años martilleando a la sociedad con falsos eslóganes de carencia, que pretenden justificar la corrupción y la tendencia a hacer negocio privado con recursos de todos. Y, mientras tanto, un miembro de la privilegiada familia real hace su real agosto y organiza un entramado de sociedades para apropiarse de ese dinero común, ese que nos dicen que no hay.
Mientras tanto, se está despidiendo a profesores y médicos, se congelan sueldos y pensiones, se suprimen las ayudas a personas dependientes y se cierran centros de ayuda a minusválidos físicos y psíquicos; mientras tanto, miles de familias se quedan en la calle por hipotecas abusivas y se amplía en dos años la edad de jubilación; mientras tanto, los centros públicos se desatienden y se privatizan, se suprime el derecho a la sanidad de los parados y malviven miles de ancianos con pensiones misérrimas de trescientos y cuatrocientos euros.
Los políticos dicen una y mil veces que no hay dinero para los que, con su trabajo, llenan las arcas públicas. El poder pide austeridad, anuncian penurias, recortes mil y estrecheces, pero los sectores más poderosos cada día lo son más. ¿Será que revierte en ellos los recursos que dicen hay que ahorrar? Dura metáfora de una dura realidad que es el desenlace de las actuaciones neoliberales con que se nos envuelve desde la era Aznar. Pero, según parece, la voracidad neoliberal no sólo ha afectado a los ciudadanos, sino también a la monarquía, aunque de un modo muy diferente. Y de nuevo mucha gente rememora que España vivió la República y, con ella, el período más justo, avanzado y democrático de su historia, por más que les pese a los de siempre.
Coral Bravo es Doctora en Filología
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