Políticos españoles se unen para condenar el robo de niños
El robo de niños, la supresión de su identidad, el alejamiento forzoso de sus padres y el cambio de sus patrones culturales son delitos gravísimos y repugnantes, así en la Argentina como en España y en cualquier parte del mundo.
Mientras la justicia argentina mantiene en el banquillo de los acusados a quienes fueron altos responsables de la dictadura militar por el robo de niños y se registran aún otros graves casos de sustracción de menores, la opinión pública española se encuentra sobresaltada por la creciente difusión de casos de robo de niños y de adopciones irregulares cometidos entre los años 40 y 90.
Según informa el diario El País, la comisión de justicia del Congreso de los Diputados español ha escuchado esta mañana a un grupo de víctimas de estos delitos exponer sus casos, tras lo cual los políticos han expresado una condena unánime a lo que han calificado como "una vergüenza" y "un atentado contra la dignidad y una muestra de la miseria humana muy difícil de digerir".
De acuerdo con la fuente, el abogado Enrique Vila, de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), aseguró que 1.000 personas quieren sumarse a la denuncia presentada el pasado 27 de enero ante la Fiscalía General del Estado con 261 casos de robo de niños. "Y serán más porque tenemos casi 5.000 correos electrónicos de afectados que todavía no hemos podido responder", ha añadido Antonio Barroso, presidente de Anadir. Vila ha pedido a los diputados presentes en la comisión de justicia que tomen medidas urgentes: "¿Cuántos españoles han muerto ya o van a morir sin saber si son hijos robados por sus padres adoptivos?".
Por su parte, Mar Soriano, presidenta de la plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España y hermana de una niña supuestamente sustraída en la famosa maternidad de O'Donnell de Madrid en 1964, ha relatado "lo fácil que resultaba inscribir como hijo biológico a un hijo adoptado" en España durante la dictadura franquista.
Soriano ha pedido al Ministerio del Interior que inscriba a estos niños robados en la base de datos del programa Fénix de desaparecidos en condiciones violentas y que se declare un día especial dedicado a los afectados por el robo de niños. "Propongo el 18 de julio por ser el día en que comenzó la pérdida de libertades".
Mientras la justicia argentina mantiene en el banquillo de los acusados a quienes fueron altos responsables de la dictadura militar por el robo de niños y se registran aún otros graves casos de sustracción de menores, la opinión pública española se encuentra sobresaltada por la creciente difusión de casos de robo de niños y de adopciones irregulares cometidos entre los años 40 y 90.
Según informa el diario El País, la comisión de justicia del Congreso de los Diputados español ha escuchado esta mañana a un grupo de víctimas de estos delitos exponer sus casos, tras lo cual los políticos han expresado una condena unánime a lo que han calificado como "una vergüenza" y "un atentado contra la dignidad y una muestra de la miseria humana muy difícil de digerir".
De acuerdo con la fuente, el abogado Enrique Vila, de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), aseguró que 1.000 personas quieren sumarse a la denuncia presentada el pasado 27 de enero ante la Fiscalía General del Estado con 261 casos de robo de niños. "Y serán más porque tenemos casi 5.000 correos electrónicos de afectados que todavía no hemos podido responder", ha añadido Antonio Barroso, presidente de Anadir. Vila ha pedido a los diputados presentes en la comisión de justicia que tomen medidas urgentes: "¿Cuántos españoles han muerto ya o van a morir sin saber si son hijos robados por sus padres adoptivos?".
Por su parte, Mar Soriano, presidenta de la plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España y hermana de una niña supuestamente sustraída en la famosa maternidad de O'Donnell de Madrid en 1964, ha relatado "lo fácil que resultaba inscribir como hijo biológico a un hijo adoptado" en España durante la dictadura franquista.
Soriano ha pedido al Ministerio del Interior que inscriba a estos niños robados en la base de datos del programa Fénix de desaparecidos en condiciones violentas y que se declare un día especial dedicado a los afectados por el robo de niños. "Propongo el 18 de julio por ser el día en que comenzó la pérdida de libertades".
Unánime condena
Los políticos, tras escuchar a las víctimas, han pedido que se persiga y se condene a los culpables. "Que salga a la luz todo lo que tenga que salir", ha dicho Susana Camarero, del Partido Popular español.
El veterano parlamentario Emilio Olabarria, del Partido Nacionalista Vasco ha dicho que "las personas que cometieron estos gravísimos delitos, médicos, matronas, religiosas... desafortunadamente, siguen gozando hoy de honorabilidad. Hay que quitársela y castigarles".
Jordi Jané de Convergencia i Unió se ha mostrado partidario de buscar "la verdad por todos los medios" y de que "se depuren responsabilidades".
Carmen Juanes, del Partido Socialista Obrero Español ha prometido "hacer todo lo que haga falta para que se haga justicia".
Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, formación habitualmente contestataria de las posturas que adopta la Fiscalía General del Estado, se felicitó por el hecho de que el fiscal general Cándido Conde-Pumpido se hubiera "puesto las pilas" en este asunto, al ordenar a todas las fiscalías provinciales que investiguen a fondo los casos recibidos.
El veterano parlamentario Emilio Olabarria, del Partido Nacionalista Vasco ha dicho que "las personas que cometieron estos gravísimos delitos, médicos, matronas, religiosas... desafortunadamente, siguen gozando hoy de honorabilidad. Hay que quitársela y castigarles".
Jordi Jané de Convergencia i Unió se ha mostrado partidario de buscar "la verdad por todos los medios" y de que "se depuren responsabilidades".
Carmen Juanes, del Partido Socialista Obrero Español ha prometido "hacer todo lo que haga falta para que se haga justicia".
Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, formación habitualmente contestataria de las posturas que adopta la Fiscalía General del Estado, se felicitó por el hecho de que el fiscal general Cándido Conde-Pumpido se hubiera "puesto las pilas" en este asunto, al ordenar a todas las fiscalías provinciales que investiguen a fondo los casos recibidos.
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